Piedra: Fallo de DACA+ /DAPA es un fracaso institucional

Para al abogada de inmigración y defensor de Kansas City, Jessica Piedra, el fallo del jueves del Tribunal Supremo que cancela el alivio de la deportación de un estimado de 4.5 millones de inmigrantes indocumentados es un fracaso institucional.

Una decisión dividida de cuatro a cuatro —que hace tanto como que el tribunal no hubiera tomado el caso en absoluto— se podría haber evitado con un noveno juez en el lugar del fallecido Antonin Scalia, "pero el Senado se niega a confirmar a uno”, indicó Piedra.

Ella añadió que versiones similares de la misma demanda —como "Crane vs. Johnson” donde funcionarios del estado de Mississippi y agentes de Inmigración y Aduanas— habían sido descartadas debido a que ambas partes habían fallado en mostrar su postura, o daño demostrable, en la creación y la ejecución de la Acción diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La expansión del DACA y la creación de un programa similar para los padres de los residentes legales, Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA), no habrían sido necesarias si la Cámara de Representantes hubieran llevado a votación una reforma migratoria integral. “Habríamos resuelto una gran parte de este problema” con la acción legislativa, comentó Piedra.

La resolución de la Corte Suprema que anula el intento del presidente Obama por expandir DACA y terminar prematuramente DAPA “no es de ninguna manera una victoria”, señaló.

Ella hizo hincapié en que aquellos que son elegibles para el DACA original —un estimado de 1.2 millones de inmigrantes no autorizados de Estados Unidos en todo el país con derecho al alivio de la deportación a través del programa 2012— no se ven afectados por este fallo.

Las resoluciones divididas están planeadas para ser imposibles debido a la composición de nueve miembros de la Corte Suprema. El período de 2016 se está llevando adelante por una Corte Suprema de ocho miembros después de la muerte de Antonin Scalia en febrero y la posterior falta de acción para el nombramiento del sucesor de su asiento. El Tribunal Supremo se dividió previamente de manera uniforme en los casos de alto perfil que involucran los sindicatos de trabajo público y también la discriminación de género en la búsqueda de préstamos.

Mirando hacia adelante sobre el fallo, Piedra indicó que los defensores de inmigración podrían intentar una acción legal para iniciar los programas a través de los tribunales más amigables, pero advirtió que la elección en noviembre de un presidente hostil hostil a los programas simplemente podría dejarlos sin efecto. Eso sería una pérdida de tiempo en una medida legal, advirtió.

“En un nivel práctico, va a ser un tiempo antes de que tengamos alguna acción. La solución real está con el Congreso”, concluyó.