Parte de la ley de inmigración demasiado vaga
El martes, el Tribunal Supremo anuló una disposición de la ley federal que exige la deportación de inmigrantes declarados culpables de un ”delito de violencia”. Esa parte de la ley de inmigración es demasiado vaga para ser aplicada, sentenciaron los jueces. La disposición afecta a residentes permanentes legales.
“Esto sólo se aplicará a una fracción de los inmigrantes”, dice Ángela J. Ferguson, Abogada de inmigración del área de Kansas City. “La mayoría de los no ciudadanos condenados por un delito grave serán deportados”.
El tribunal estuvo muy dividido sobre si la definición de “crímenes de violencia” en la ley es inconstitucionalmente vaga. Sin embargo, la opinión de la mayoría de 5—4 decidió que la ley aprobada por el Congreso no definía lo que califica como un crimen violento.
“La decisión de la Corte se reduce a claridad y equidad”, señala Ferguson.
El juez Neil M. Gorsuch, nominado por el presidente Trump el año pasado a la Corte Suprema, escribió en una opinión concurrente, “Las leyes vagas invitan al poder arbitrario”.
Después del fallo, Tyler Q. Houlton, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, emitió un comunicado. Afirmó que la decisión socava significativamente los esfuerzos para expulsar a los extranjeros declarados culpables de ciertos delitos violentos, como agresión sexual, secuestro y robo.
“Al impedir que el gobierno federal elimine a delincuentes extranjeros conocidos, permite que nuestra nación sea un refugio seguro para los delincuentes y nos hace más vulnerables”, afirmó.
Pero Ferguson indica que el gobierno todavía tiene el poder de deportar a inmigrantes condenados por un delito.
Ella dice: “La decisión del Tribunal Supremo es sólo que la definición de ‘crimen de violencia’ tiene que ser específica, no vaga, para que un juez no pueda alegar que cualquier tipo de delito que pudiera resultar en daño sea defina como un crimen de violencia”.
El caso, Sessions v. Dimaya, 15-1498 se refiere a James García Dimaya. Originario de Filipinas, Dimaya llegó a EE.UU. a los 13 años en 1992 como residente legal permanente.
En 2007 y 2009, fue declarado culpable de robo domiciliario en primer grado, lo que resultó en dos años de prisión.
En 2010, el gobierno de Obama presentó un proceso de deportación contra Dimaya, teorizando que había cometido un delito grave, que la ley de inmigración definía para incluir cualquier ofensa que por su naturaleza involucra un riesgo sustancial de que la fuerza física contra la persona o propiedad de otro pudiera ser utilizada en el curso de cometer la ofensa. Un juez de inmigración dictaminó que Dimaya sería removible debido a sus dos condenas estatales.
Sus abogados apelaron la remoción, argumentando que era inconstitucionalmente vaga y que Dimaya no había recibido una notificación justa de que sus crímenes resultarían en la deportación.
A la luz del fallo de la Corte Suprema el martes, 2más2KC le preguntó a Ferguson sobre el estado legal de Dimaya.
Al no haber revisado su caso por completo, Ferguson ofreció una suposición fundamentada de que su caso sería devuelto a la corte de inmigración para una decisión consistente con la opinión de SCOTUS.
“Si el gobierno no puede deportarlo por este crimen, entonces debe ser restaurado a su status antes del procedimiento de expulsión, y ése era residente permanente legal”, informó.
No está claro a cuántos inmigrantes del área de Kansas City podría afectar la decisión de SCOTUS del martes. Sin embargo, varios medios de prensa informaron el martes que los defensores de los inmigrantes estiman que podría salvar a miles de personas en todo el país de ser deportados.
“Es importante que cualquier persona acusada de un delito consulte a un abogado penalista y trabaje con un abogado de inmigración competente para obtener los mejores resultados para permanecer en EE.UU. y conservar su elegibilidad para ser ciudadano en el futuro”.
Nota del editor: Lea la opinión de la Corte Suprema en línea en https://www.supremecourt.gov/opinions/slipopinion/17. El caso es Sessions vs. Dimaya, 15-1498.
